La prevaricación, eje del bloque socialcomunista para una legislatura endemoniada

Por Alfonso Merlos, Presidente del Grupo El Mundo Financiero

El delito de prevaricación, recogido en el Código penal, castiga a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo de su competencia. Esto, teniendo consideración de autoridad en España los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. En tal marco, pocas o ninguna duda cabe a estas alturas de esta endemoniada legislatura -aciaga para los intereses de España y los españoles- de que Sánchez y la tropa de comunistas que le arropan han convertido la prevaricación política, ya, de facto -y lo que nos queda por padecer- en un eje tóxico e inaceptable de su política en el plano ejecutivo y legislativo.

Más allá de que la citada tropa que apoya y jalea al presidente esté trufada de personas cargadas de sectarismo, de odio, o de que sean indocumentadas e ignorantes con difícil desempeño en la vida profesional privada (y por tanto, personas drogadas y atadas a cualquier poltrona), es evidente que Sánchez avanza tomando decisiones de una trascendencia y gravedad extraordinarias no sólo a sabiendas de que son injustas sino de que son inconstitucionales e ilegales; por cierto, como él mismo reconocía hace años y meses, en plena campaña electoral.

Las cesiones ante delincuentes de todo pelaje, principalmente separatistas catalanes, no sólo implican retorcer las leyes, tensionar la Constitución española en su espíritu y su letra, sino que se traducen en la quiebra de las primeras y de la segunda. Y no, no se trata de una cadena de despropósitos o de desatinos, de actuaciones temerarias o imprudentes, sino de pisotear sin miramientos ni reservas nuestro ordenamiento jurídico, ciscándose en los fundamentos más elementales del Estado de Derecho.

Por más ataduras políticas que haya (de filoterroristas herederos de Batasuna o de delincuentes indultados tras el 1-O, principalmente), no se entiende en democracia la figura de un presidente del gobierno de una nación, en este caso la española, que actúe sin sometimiento a La Ley ni al Derecho; y en ésas está el felón Sánchez.

Los atropellos son tan descarnados, tan evidentes, tan continuados que la pregunta que no cabe sino suscitarse es clara y directa. ¿No queda un sistema hoy, comenzando por el que se articula a través de los tribunales, que pueda controlar la legalidad de la actuación administrativa de Sánchez y la tropa de comunistas que le apoyan y jalean?

La alternativa a la política de desarticulación de la nación y de debilitamiento democrático que cada día, alocadamente, impulsa el actual e inicuo gobierno no sólo pasa por lo que PP y Vox puedan hacer en el plano meramente político y legislativo. Tampoco por lo que se pueda acompañar desde las calles, en términos de rebelión cívica, de concentraciones y manifestaciones más o menos esporádicas y consistentes. Esa oposición quedará incompleta, y casi con toda seguridad resultará estéril, si no se sondean todos los caminos habidos y por haber para que, desde este mismo instante, se castigue a quienes se están revelando como una indiscutible banda de prevaricadores de marca mayor. ¿Alguien ha iniciado esta inexcusable tarea?