El PSOE considera imposible asumir el control de pisos turísticos si no se aumenta el número inspectores

El grupo municipal socialista ha alertado de que el Ayuntamiento de Benidorm deberá aumentar el número de inspectores municipales cuando asuma las competencias para poder inspeccionar y sancionar a las viviendas turísticas que incumplan la normativa autonómica. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha recordado que el Consistorio solicitó a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, autorización para poder para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en relación a la nueva Ley de Vivienda Turística.

Castillo ha destacado que si Benidorm quiere ejercer un control efectivo sobre aquellas actividades que se realicen sin contar con autorización y perseguir las irregularidades que se cometan, “no nos queda otra que incrementar el personal destinado a la inspección porque con el actual no llegamos”. Así, ha remarcado que la petición de cesión de competencias realizada por el gobierno de Toni Pérez “parece más un gesto de cara a la galería, buscando un titular de prensa, que una voluntad real de poner coto a la proliferación de alojamientos ilegales y ejercer un mayor control sobre los apartamentos vacacionales”.

Departamentos colapsados

El concejal socialista ha señalado que asumir estas funciones de inspección puede llevar aún más al colapso de diferentes departamentos municipales por la nefasta gestión de la política de recursos humanos que está llevando el gobierno del Partido Popular. “Hemos visto los graves problemas que está teniendo el ayuntamiento con los informes de compatibilidad urbanística para este tipo de viviendas turísticas con expedientes que tardan más de un año en resolverse, y ahora quieren ocuparse de estas nuevas competencias con el mismo personal y los mismos inspectores”, ha recalcado.

Por último, Castillo ha solicitado al gobierno local que inicie los trámites y procesos necesarios para ampliar el número de inspectores municipales para poder asumir con “garantías” las labores de inspección y los procedimientos sancionadores a los alojamientos turísticos que incumplan la normativa autonómica.