Un error judicial obliga a archivar la causa a 18 investigados de la trama rusa de blanqueo en la Marina Baixa

Un error judicial al no prorrogar el plazo de instrucción de las diligencias abiertas por la presunta trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa en la Marina Baixa y en Baleares ha provocado el sobreseimiento libre para 18 implicados al haber sido citados fuera del plazo para declarar como investigados en el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm. La magistrada titular de este órgano ha dictado esta semana un auto donde acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias para 18 investigados en la causa, entre ellos dos ciudadanos rusos que no llegaron a ser apresados y están considerados por la Policía como dos de los principales implicados en la trama al ser los que presuntamente mantienen estrechos vínculos con el crimen organizado ruso y supuestamente canalizan hacia España el dinero para blanquear. 

También se ha archivado el caso para un brigada de la Guardia Civil destinado en Benidorm, un abogado de València, un conocido restaurador ruso propietario de numerosos restaurantes y a los padres del abogado ruso afincado en Altea que fue detenido por la Policía a finales de 2020, el cual sigue por el momento investigado en la causa.

Este archivo se suma a los acordados anteriormente por la magistrada el pasado febrero. Primero fue el sobreseimiento provisional para el concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, y unos días más tarde para cuatro investigados más, entre ellos el exjefe de la Guardia Civil en Altea y el exconcejal de Altea Jaime Sellés. La juez consideró que no había pruebas de los delitos por los que se investigaban, como el de tráfico de influencias, y por ello decretó el sobreseimiento para estas cinco personas, a diferencia del auto de esta semana, que se acuerda por un error judicial tras anular la Audiencia Provincial de Alicante una providencia del juzgado de Benidorm en la que se citaba a 23 personas para tomarles declaración en calidad de investigadas.

La citación fue acordada fuera de los plazos de la instrucción y varias defensas de los investigados recurrieron la decisión ante la Audiencia, que notificó a mediados de septiembre un auto donde estimaba los recursos y dejaba sin efecto la citación.

La magistrada precisa en un auto notificado este miércoles que tras la decisión de la Audiencia y de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, así como el alzamiento de las medidas cautelares impuestas y la devolución de los efectos intervenidos por la Policía a estos investigados, varios de ellos defendidos por los abogados Ignacio Gally, María Moreno, Aitor Esteban Gallastegui, Nadia El Harrak El Amiri y Alicia Grau Córdoba. Según fuentes judiciales, al no haber comparecido en el juzgado para declarar en calidad de investigados no pueden ser llevados a juicio y por tanto sólo cabe el archivo decretado por la juez.

Según se recoge en el auto de archivo, ahora siguen investigadas en la causa varias empresas y otras catorce personas, aunque una de ellas es un inspector de la Policía que tiene abierta una pieza separada y se tramita al margen de la red de presunto blanqueo de dinero del crimen organizado ruso. De las trece personas restantes, alguna de ellas ni siquiera ha sido citada a declarar en el juzgado, por lo que presumiblemente también se acordará el sobreseimiento libre para ella.

La polémica que ha provocado la situación actual en la causa se remonta a septiembre del pasado año, cuando la juez del caso dictó una providencia para tomar declaración a 23 investigados de la operación realizada en diciembre de 2020 por la Policía Nacional y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Sin embargo, el 29 de julio de ese mismo año, dos meses antes, el juzgado de Benidorm debería haber acordado una prórroga del plazo de instrucción y no lo hizo, ni de oficio la juez del caso, ni a instancia de la acusación ejercida por la Fiscalía. A pesar de la advertencia de abogados de las defensas, que consideraron nula la diligencia ordenada, los investigados tuvieron que acudir a la citación judicial con sus abogados y la mayoría se acogió a su derecho a no declarar.

Mientras tanto, varias defensas recurrieron ante la Audiencia la providencia donde citaba a los investigados y la Sección Segunda ha resuelto ahora que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se consideran nulas todas las diligencias que se practique fuera del plazo de instrucción y por ello la juez ha decretado el archivo para todos los citados.

La operación de la Policía y la Fiscalía se llevó a cabo en diciembre de 2020. Fueron detenidas 23 personas en Altea, Benidorm, Ibiza, Finestrat, Alicante, Madrid, Tarragona y València por su presunta implicación en una red de blanqueo de dinero de mafias rusas que pretendía infiltrarse en instituciones.

Sobreseimiento libre para el edil Lorenzo Martínez

El juzgado de Benidorm que investiga la presunta trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa ha dictado otro auto esta semana donde estima parte del recurso presentado por el abogado Francisco González y acuerda el sobreseimiento libre de la causa respecto del concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez. La juez ya decretó en febrero el archivo provisional y ahora ha acordado el definitivo tras el recurso de Francisco González, que ya advirtió a la magistrada de que su cliente fue citado fuera del plazo de instrucción. Ahora apelará ante la Audiencia para que haya una declaración judicial expresa de que la causa no perjudica la reputación de Lorenzo Martínez Sola.

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