La Comisión Provincial del Agua y la Diputación reclamarán al Gobierno los estudios que fundamentan el aumento de los caudales ecológicos del Tajo

La Diputación de Alicante presentará, a propuesta de la Comisión Provincial del Agua, una moción en el pleno para reclamar al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) los estudios técnicos que fundamentan el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, después de que hasta en tres ocasiones el Gobierno central no haya atendido la petición que en este mismo sentido han hecho los Servicios Jurídicos de la propia institución provincial a través del Tribunal Supremo para preparar la demanda contra esta medida.

         Durante la reunión de la Comisión Provincial del Agua celebrada esta mañana en el Palacio Provincial se ha puesto de manifiesto la “falta de transparencia” del Gobierno central a la hora de fijar los caudales ambientales en la nueva planificación del Tajo, según ha apuntado el presidente de la Diputación, Toni Pérez.

         “Es muy importante dar voz a esta provincia y más allá de los requerimientos que por vía judicial se están realizando para que se aporten esos informes técnicos, y que desgraciadamente no están siendo atendidos, hay que actuar desde el punto de vista político y reclamar al Ministerio, a través de una moción en el pleno de esta Diputación, total transparencia en este proceso”, ha apuntado el dirigente alicantino, quien ha destacado, por el contrario, el “rigor científico” de las pruebas periciales que la institución provincial presentará en su demanda ante el TS.

         En este mismo sentido, el portavoz de la Comisión Provincial del Agua, Joaquín Melgarejo, ha destacado que “se trata de un asunto transcendental porque afectará, hasta el año 2027, a la llegada de agua del trasvase Tajo-Segura a la provincia, con una merma de más de 100 hectómetros cúbicos al año para el conjunto de la cuenca del Segura”. El catedrático de la UA ha recordado, además, que desde el propio Congreso de los Diputados se han solicitado también esos informes técnicos “y tampoco ha sido atendida la petición a pesar de ser de obligado cumplimiento dar esa información”.

         La demanda de la Diputación de Alicante contra la planificación del Tajo se formalizará en breve, tal y como se ha avanzado en la reunión. “Tenemos la obligación moral de interponer este recurso porque estamos convencidos de que nos asiste la razón”, ha apuntado Toni Pérez.

         Por otra parte, la Mesa del Agua también ha propuesto por unanimidad elevar en el pleno provincial otra moción para instar al Ejecutivo central a que elabore un estudio de alternativas a la planta solar de San Miguel de Salinas para la desaladora de Torrevieja, ya que la propuesta planteada por el MITECO supondría la pérdida de 200 hectáreas de regadío, tal y como ya se ha alertado en varias ocasiones desde la propia Diputación.

El origen de recursos transferidos a la Marina Baixa, la mejora de la gestión en la Marina Alta, la modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura que se presentará en breve o las inversiones en el postrasvase Júcar-Vinalopó han sido otros de los temas abordado en la sesión ordinaria celebrada esta mañana, en la que la que también se ha presentado un diagnóstico de la situación de sequía en la provincia de Alicante. 

De este análisis se concluye, de forma general, que hay un grave problema de suministro para la agricultura mientras que el abastecimiento en las grandes poblaciones está garantizado gracias al elevado nivel de interconexión que permite movilizar y desplazar diferentes tipos de recursos.

“Somos una provincia que ha hecho bien los deberes durante las últimas décadas y no hay amenazas graves para el abastecimiento”, ha indicado el presidente, quien, no obstante, ha insistido en la necesidad de que “hay que seguir trabajando porque es cierto que pueden surgir problemas”.

Respecto a la agricultura, Joaquín Melgarejo ha señalado que la sequía afecta especialmente a la Marina Alta y al regadío tradicional del Segura. Sobre este último, ha apuntado la necesidad de solicitar que se abran los pozos de sequía de Calasparra “para que se habilite un recurso de al menos 31 hm3 que facilitarían algún riego de socorro”.