Francisco Sánchez: “La nueva Ley de Vivienda es la única responsable de la caótica situación que se ha creado”.

La situación de la vivienda se degrada de manera acelerada, con unos incrementos en el entorno del 10% en los precios de venta de vivienda nueva y en las mensualidades del alquiler. Además, la oferta está menguando de manera alarmante. El informe considera que la actual evolución lleva camino de ser literalmente insostenible. El informe también califica el panorama de la vivienda como muy preocupante, sobre todo a corto plazo. Destaca que finalmente la Generalitat Valenciana ha puesto el foco en la necesidad de la construcción de vivienda protegida, y lo hace sobre suelo público, algo que se va reclamando desde hace años y en un informe específico se muestra su eficacia para la contención de los precios. Ahora llega el momento de desarrollar la normativa y los reglamentos que permitan la convocatoria de los concursos y su adjudicación al sector privado, que será el colaborador necesario para resolver esta dramática falta de oferta de vivienda, y hacerlo de manera urgentísima.

Este informe se refiere también a las opiniones que persisten en lo que califica de error: negar la falta de vivienda disponible y argumentar la existencia de las viviendas vacías. En este sentido clarifica el desenfoque en este punto, argumentando que se usa la definición de “vivienda vacía” haciendo referencia en el imaginario colectivo a una casa preparada para entrar a vivir. Nada más lejano a la realidad. Lo cierto es que estas viviendas, en su inmensa mayoría sin contrato eléctrico, están en estado casi ruinoso, con una imprescindible y costosa intervención para poder ponerla en el mercado.

El otro gran problema se sitúa en la demanda y en el poder adquisitivo de quienes desean acceder a una vivienda. Los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler. Pero con una cuota media superior a los 1.600 €/mes, para quienes más precariedad laboral padecen tampoco es posible esta solución, quedando únicamente la opción de alquiler de habitaciones, que ya alcanza precios disparatados.