El pleno modifica la Ordenanza de Movilidad para avanzar en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este jueves por amplia mayoría la aprobación de la Ordenanza Municipal número 1 de Movilidad para actualizar y adecuar dicha normativa a los numerosos instrumentos de planificación y ordenación de la movilidad que se han venido impulsando en el municipio en los últimos años, especialmente en lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta modificación, por tanto, permitirá avanzar en la implantación plena y en toda su extensión de la Zona de Bajas Emisiones, ya desarrollada en algunas áreas y cuyas medidas quedarán ahora plasmadas en su totalidad en esta ordenanza. La misma ha salido adelante con 23 votos favorables de PP y PSOE y con el voto en contra del único edil de Vox.

El concejal del área, Francis Muñoz, ha explicado que “para la ciudad de Benidorm la movilidad es un elemento de vital importancia” y que esta modificación tiene como objetivo “favorecer al residente” y sentar las bases que “garanticen una buena convivencia entre vecinos, turistas y visitantes, así como una correcta gestión de los desplazamientos de la población con acceso a los espacios públicos, todo ello bajo el prisma de una movilidad sostenible y funcional, facilitando de esta forma consolidar el modelo turístico inclusivo y sostenible” de Benidorm.  

Muñoz ha destacado que la principal modificación que se introduce en este texto es la “adaptación de la Ordenanza número 1 a la normativa nacional que regula la implantación en las ciudades de zonas de bajas emisiones”, que en Benidorm abarcará una superficie de 75 hectáreas separadas en tres zonas urbanas –Centro, Poniente y Levante– en las que está previsto, entre otros, favorecer los tránsitos peatonales y limitar el acceso de vehículos más contaminantes como recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El edil ha recordado, además, que todas las modificaciones introducidas en la Ordenanza de Movilidad tienen como objeto “adaptar su contenido a la normativa nacional para mejorar la gestión del tráfico y la sostenibilidad”. Entre el articulado que  cambiará se establecen, según ha expuesto, artículos que “tienen como misión continuar con el compromiso que hemos venido adoptando para fomentar el uso del transporte público y de los vehículos no motorizados, como bicicletas y patinetes eléctricos, a través de la ampliación de carriles bici, así como la mejora de la infraestructura peatonal”, lo que “refleja el compromiso de Benidorm con una movilidad más sostenible y eficiente, anticipándose a las nuevas necesidades urbanas y medioambientales, con modificaciones que, en algunos casos, van por delante incluso de la futura Ley de movilidad sostenible que se encuentra en trámite parlamentario”.

Entre estas medidas destaca la redefinición que se realiza del término ‘motos’ y la regulación de estos vehículos en sus zonas de estacionamiento; se define y se indica la forma y el modo de actuación en relación con las zonas de estacionamiento de vehículos eléctricos, para los cuales Benidorm cuenta actualmente con 36 dispositivos de recarga en el casco urbano, de los cuales 32 son de titularidad municipal; y se modifican algunos artículos relacionados con los vehículos de movilidad personal (VMP) para adaptarlos al Manual de características de la Dirección General de Tráfico y para poder continuar con las políticas de control de los mismos en relación con el seguro y el casco, “las cuales han sido pioneras a nivel nacional y son un modelo y objeto de estudio por parte de otras” ciudades, como ha destacado Francis Muñoz.

Igualmente, en la sesión plenaria todos los grupos de la Corporación han aprobado por unanimidad la incoación de expediente de liquidación contractual con la mercantil Aparcamientos Concertados SA, ahora FCC Medio Ambiente SAU, con relación al contrato de continuidad de concesión del servicio del aparcamiento de l’Aigüera durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de febrero de 2023. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que la incoación de este expediente es consecuencia del acuerdo plenario del pasado 27 de mayo, donde se aprobó la nulidad de pleno derecho de la ampliación de este contrato de concesión, tras la revisión de oficio iniciada por los técnicos municipales a petición del alcalde Toni Pérez, y siguiendo las recomendaciones de la AVAF.

Durante su comparecencia, Caselles ha señalado que esta propuesta de liquidación permitirá al Ayuntamiento recuperar 644.591,63 euros en concepto de reintegro de los ingresos que la empresa contratista habría obtenido indebidamente durante el periodo de contrato que se declaró nulo, una cantidad que ha sido calculada teniendo en cuenta conceptos como los ingresos totales obtenidos por la empresa durante este periodo, los gastos, el canon abonado y el beneficio industrial, que estaba fijado en el 6%. Igualmente, la portavoz del gobierno ha recordado que esta ampliación del contrato, aprobada en pleno en mayo de 2021, se realizó “tal y como ahora se acuerda su liquidación, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos municipales, de acuerdo a la ley y en defensa del interés general”, tras lo cual ha puntualizado que la controversia planteada por la AVAF tenía que ver “con el tipo de contrato que se aprobó, si era un contrato por obra y servicio o solo un contrato de servicio” y “no con que fuera ilegal o no se pudiese aprobar”.

Otros asuntos aprobados en la sesión

Otro de los puntos acordados en el pleno ha sido la propuesta de Alcaldía para la modificación presupuestaria 5/2024 por valor de 683.169 euros, que viene derivada de una sentencia firme que establece que el Ayuntamiento debe reintegrar dicho importe a la mercantil Prometosa Construcciones SL, en su antigua condición de agente urbanizador del PAU 1 Murtal. La edil de Hacienda, Aida García Mayor, ha señalado que este reintegro ha de realizarse con cargo al patrimonio municipal de suelo, motivo por el que se ha de realizar dicha modificación presupuestaria para dotarlo de la cuantía necesaria para poder realizar el pago. La moción ha salido adelante con el voto de 16 concejales de PP y VOX, frente a la abstención de los ocho ediles del PSOE.

En materia de Contratación, el pleno ha acordado con el respaldo unánime de los tres grupos la revisión de tarifas que se aplicarán en los aparcamientos del Mercado Municipal, la calle Tomás Ortuño y la avenida de l’Ametlla de Mar para el año 2024, tal y como establece el artículo 41 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato de concesión de obra de estos aparcamientos, integrados en el “Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000”. Así, el precio por minuto de aparcamiento se fija en 0,0359 euros, con un máximo diario por 24 horas de 21,54 euros, a lo que se suman otras tarifas reseñadas por los técnicos municipales de Ingeniería.

La concejal de Contratación, Aida García Mayor, ha recordado que esta revisión de tarifas se produce tras la petición realizada el pasado mayo por la empresa concesionaria y ha indicado que, utilizando como base estos precios, el adjudicatario podrá aumentarlos en temporada estival –entre el 21 de junio y el 22 de septiembre– un 20%, estando obligado, en este caso, a reducirlos para el resto de temporada un 20%, tal y como está recogido desde el año 2010 en el  Reglamento de Funcionamiento de estos estacionamientos.

En materia económica también ha salido adelante por mayoría el reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de 564.461,63 euros de facturas “de gastos ordinarios básicos y de otras que se han presentado fuera del ejercicio corriente y corresponde pagarlas ahora” ha indicado la edil Aida García Mayor. Todas ellas, ha dicho, “cuentan con el visto bueno de los departamentos correspondientes”. La edil, además, ha recalcado que desde el gobierno “trabajamos para que cada vez sean menos las facturas que se aprueban de esta forma”.

La titular de Hacienda ha insistido en que todas las facturas “tienen consignación presupuestaria” y por eso se llevan al pleno para su aprobación. “No podemos dejar de pagar a empresas que han prestado sus servicios y, además, es un mecanismo que contempla la ley. No vamos a dejar de pagar a proveedores ni dejar de prestar servicios” ha apostillado.

El pleno también ha acordado por unanimidad iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a los agentes de la Policía Local de Benidorm, Jesús López Moreno y Ramón Agüero Veitch, Cruz al Mérito Policial con distintivo azul “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes a su cargo, tener una conducta ejemplar y haber desempeñado al menos diez años de servicio activo como Policía Local en la Comunidad Valenciana y estar en posesión de dos felicitaciones públicas” ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. “Unos hechos cumplidos por ambos agentes” ha añadido.

Por último, en la sesión de hoy se ha dado cuenta a los grupos políticos de la presentación del escrito de preparación del recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia 343/2024 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana, que condenó al Ayuntamiento al pago de 283 millones de euros más los intereses legales por el convenio urbanístico de compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos incluidos en el sector APR-7. Esa sentencia revocó una anterior que se pronunció a favor del Ayuntamiento de la ciudad.