El pleno inadmite el recurso contra el plan Ensanche Levante que prevé 1.600 viviendas residenciales y 600 protegidas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha sacado adelante dos mociones en materia urbanística que permitirán que el desarrollo del plan urbanístico Ensanche Levante siga su curso según los plazos y tramitaciones que contempla la legislación. La primera de ellas consiste en la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de desestimación de la solicitud de suspensión del acuerdo plenario del pasado 27 de marzo por el que se aprobó dicho plan parcial, formulada por los portavoces del grupo municipal socialista. La segunda, para inadmitir el recurso de reposición contra el mismo acuerdo plenario formulada por los mismos ediles de la oposición. Ambas propuestas se han debatido de manera conjunta a petición del grupo municipal socialista, aunque se han votado por separado y, en ambos casos, se han saldado con el voto mayoritario del pleno: 17 a favor del gobierno local y el edil de Vox, frente a ocho en contra del PSOE.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, se ha apoyado en distintos informes redactados por los técnicos municipales donde consideran que no cabe ni la suspensión del plan ni el recurso. Caselles ha defendido que el plan Ensanche Levante traerá consigo la creación de nuevas viviendas en la ciudad, muchas de ellas públicas, además de suelo dotacional, zonas verdes y espacios para nuevas infraestructuras. En concreto, por lo que se refiere al parque de viviendas, la edil ha explicado que el mismo contempla 1.600 viviendas residenciales más otras 600 de protección pública y que también contempla 12 parcelas para uso turístico, en las que los propietarios deberán decidir si quieren construir un hotel o un apartotel. “En ningún otro municipio de la Comunitat se va a aprobar un plan que promueva tanta vivienda pública como en éste”, ha asegurado Caselles, quien además ha defendido que el desarrollo de Ensanche Levante “va a traer muchos beneficios a Benidorm” y que también “mejorará enormemente el estado actual de aquella zona”.

En su exposición, la edil de Urbanismo ha manifestado que la solicitud de suspensión de dicho acuerdo no se ajusta a ninguno de los tres supuestos que fija la Ley de Procedimiento Administrativo para avalar este trámite, tales como que el mismo supusiera un daño irreparable, que fuera nulo de pleno derecho o que se presente el aval suficiente para que dicha suspensión no suponga daños a terceros o al interés general.

A continuación, se ha referido “punto por punto” a las cuatro causas argumentadas por los socialistas en sus recursos para pedir la suspensión de dicho plan y que han sido rechazadas por los técnicos municipales. Y lo ha hecho “para que nadie tenga dudas de que este plan parcial está bien aprobado”, ha señalado. Entre ellas, ha expuesto que “Benidorm no figura en el mapa definido por la Generalitat Valenciana” sobre los lugares donde se requiere un informe de Memoria Democrática, de los Derechos Humanos y Libertades Públicas, al no haber en el mismo “ningún lugar o itinerario que pudiera estar vinculado a esta Memoria Democrática”, tal y como sostienen los técnicos urbanísticos y jurídicos del Ayuntamiento.

Igualmente, Lourdes Caselles ha explicado que dicho plan se ha sometido a “todos los informes que en su día fueron pautados por la Generalitat Valenciana”, que en todos los casos han acabado siendo favorables al desarrollo de este sector urbanístico.

Otra de las cuestiones argumentadas por la concejal es que Ensanche Levante “no modifica el Plan General de 1990, ni se altera el uso dominante ni la delimitación del sector”, ya que, tal y como ha recordado, “el PGOU ya recogía que dicho suelo se reservaría para uso residencial-hotelero”. Por último, ha recordado que en la redacción del plan se establece el aprovechamiento tipo, así como los coeficientes de ponderación de la edificabilidad, unos coeficientes que se han calculado “tal y como marca la legislación” valenciana en materia de suelo y que se concretarán en la reparcelación del sector.

En materia de Seguridad Ciudadana, la Corporación municipal ha sacado adelante por unanimidad una propuesta del concejal de esta área, Jesús Carrobles, para solicitar a la Generalitat Valenciana el inicio del procedimiento para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul para el agente de la Policía Local de Benidorm Vicente Fuster Martínez. Entre los motivos que se aducen para la solicitud de dicha condecoración, destacan la trayectoria de este agente por “sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo una conducta ejemplar”, “haber prestado más de 10 años de servicio activo en algún cuerpo de la Policía Local y estar en posesión de dos felicitaciones públicas a título individual”.

Otro de los acuerdos que han salido adelante en el pleno ha sido una aprobación extrajudicial de facturas por valor de 344.547,04 euros, elevada a pleno por la concejal de Hacienda, Ángela Zaragozí. La edil ha defendido que se trata de una fórmula legal para el pago a proveedores por servicios realizados y que cuentan con la conformidad de los técnicos del área económica. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local y la abstención de los dos grupos de la oposición.

El pleno también ha declarado nulo por unanimidad el acuerdo plenario adoptado el pasado 31 de mayo de 2021 que acordaba la continuidad del contrato de servicio del parking de l’Aigüera y después de que en diciembre pasado el pleno también acordase el inicio de un expediente de revisión de oficio para la declaración de nulidad de aquel primer acuerdo, recomendada por la Agencia Valenciana Antifraude. La propuesta de Alcaldía aprobada hoy venía motivada por el dictamen del Consell Jurídic Consultiu para declarar nulo aquel acuerdo del año 2021.

La portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, ha afirmado que a la vista del dictamen del Consell Jurídic Consultiu “traemos al pleno declarar la nulidad de aquel acuerdo plenario de mayo de 2021 y que se proceda a la liquidación del contrato con la mercantil”. No obstante, la edil ha precisado que el dictamen establece que “los pagos efectuados están bien hechos y que había que abonar las facturas pendientes”.

Caselles ha aclarado que el Ayuntamiento “ha colaborado siempre con la Agencia Antifraude” y ha achacado al grupo socialista que “miente cuando afirma que el alcalde se negó a hacerlo, porque Antifraude tuvo toda la documentación a su alcance”. En ese sentido, la portavoz ha precisado que el secretario del Ayuntamiento “veló para que se siguiera el procedimiento a rajatabla”. Y ha dejado claro que el mismo día que llegaron las recomendaciones de Antifraude “el alcalde solicitó informe de todos los departamentos que habían emitido informes sobre el asunto, para llevarlos al siguiente pleno”.

En este punto, Caselles ha indicado que la continuidad del contrato se llevó a cabo “por circunstancias excepcionales y con informes favorables de los técnicos” y ha criticado que el PSOE “haga una oposición tóxica porque les encanta estar en el fango y dañar la imagen de Benidorm”. “Nosotros votamos a favor o en contra en función de lo que dicen los técnicos municipales. Ahora el Consell Jurídic Consultiu dice que hay que declarar la nulidad y eso es lo que estamos haciendo”, ha concluido.

La sesión ha finalizado con la dación de cuenta de un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm por el que se decreta el sobreseimiento provisional de unas actuaciones que se encontraban en el procedimiento de diligencias previas.