EE.UU. confisca el avión de Maduro con la colaboración de República Dominicana

El Gobierno de Estados Unidos se incautó este lunes 2 de septiembre del avión que emplea el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras obtener la colaboración de las autoridades de la República Dominicana para ello. El avión es un Falcon 900EX, siglas T7-ESPRT, registrado en la república de San Marino, y que ya había sido confiscado por las autoridades de la Dominicana desde el 22 de mayo, por sospechas de violación del sistema de sanciones contra el dictador y sus secuaces.

Tras la entrega a EE.UU. y su llegada a Florida, los funcionarios estadounidenses a cargo han descrito el Falcon como el avión presidencial de Maduro, comparándolo con el Air Force One que usa el presidente americano. En realidad el Falcon de Maduro tiene una autonomía de 8.500 kilómetros y por tanto no se puede usar en largos desplazamientos. El primer medio en informar del decomiso del avión fue la cadena estadounidense CNN.

Ya el 22 de mayo, las autoridades en la República Dominicana anunciaron que habían requisado el Falcon y lo valoraron en unos 50 millones de dólares, que al cambio actual son unos 45 millones de euros. Las autoridades de EE.UU. creen que el valor es mucho menor. La Procuraduría General de la República informó de que la confiscación obedecía a las sanciones impuestas por EE.UU. contra la dictadura venezolana. No reveló entonces ese organismo que era el jet de Maduro.

Maduro está sometido a las sanciones más duras de EE.UU. desde 2019, cuando la Casa Blanca le acusó directamente de perpetuarse de forma ilícita en el poder. Desde entonces se han ido aplicando varias rondas de sanciones, dirigidas directamente a él y su círculo más cercano y también al sector petrolero y del oro. Estás últimas sanciones fueron levantadas parcialmente por Joe Biden para tratar de facilitar unas elecciones libres el 28 de julio.

En diciembre de 2023, EE.UU. sancionó a tres empresas con oficinas en varios países por traficar partes de aviones de origen estadounidense hacia entidades sancionadas controladas por el gobierno venezolano. Entre las empresas afectadas estaba la española Aerofalcon S.L. Estas compañías emplearon siempre según EE.UU. documentos fraudulentos para ocultar al verdadero final y el destino de las exportaciones, eludiendo así las sanciones de EE.UU. Ahora, todas estarán sujetas a una revisión de permisos de exportación con una presunción de denegación.

Desde mayo, el Falcon de Maduro que ahora ha sido llevado a EE.UU. tenía prohibición de salida de la República Dominicana mientras se llevaban a cabo las pesquisas sobre el cometido de sus vuelos. La fiscalía dominicana informó de que el avión esta registrado no como una aeronave oficial del régimen, sino como un jet de uso privado. Sus siglas estaban bloqueadas en los portales de vuelos internacionales, para evitar su identificación.

Según reveló el Gobierno dominicano, esa aeronave había viajado previamente a destinos como Teherán, Argelia, Bolivia y Brasil, y tiene en su haber abundantes vuelos a Cuba. El viaje que en enero de 2020 hizo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid, en escala a Estambul, fue con un Falcon similar, que no tenía autonomía para hacer todo el trayecto de Caracas hasta Turquía.

Desde aquel incidente, en que el permiso recibido para aterrizar y pisar suelo europeo abrió una crisis política, la dictadura ha adquirido aeronaves mayores y por tanto de más autonomía, sobre todo anticuados modelos Airbus y Boeing. No le ha sido fácil, pues EE.UU. y sus socios han tratado de confiscar cuantas aeronaves han podido.

Por ejemplo, en febrero de este año, fue desguazado en EE.UU.un Boeing 747-300M de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, que estuvo retenido en Buenos Aires durante casi dos años antes de ser confiscado por petición de la fiscalía norteamericana. Maduro denunció públicamente que el avión fue desmantelado en un aeropuerto de Miami, acusando a EE.UU. de realizar un acto «vil y criminal» para desmoralizar al pueblo venezolano.

El Departamento de Justicia de EE.UU. justificó la confiscación, alegando que Emtrasur adquirió la aeronave, previamente de propiedad iraní, en violación de sanciones estadounidenses, y que continuaba siendo operada por un ex comandante vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El avión fue retenido en Argentina en junio de 2022 a petición de las autoridades estadounidenses, y su transferencia a EE.UU. fue impugnada fracasadamente por Venezuela.

En el caso del jet de Maduro, varias agencias federales estadounidenses se han coordinado, lo que apunta a una implicación de la Casa Blanca en el decomiso. Entre ellas están, informa CNN, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que han trabajado estrechamente desde mayo con la República Dominicana, cuyo gobierno notificó antes a Venezuela sobre la incautación. Cuando el avión fue retenido en la Dominicana, en mayo, la dictadura ya había inhabilitado a varios opositores en las elecciones presidenciales del 28 de julio, lo que hacía prever que estas no serían libres. Los comicios fueron fraudulentos, según los opositores y observadores fiables e independientes como el Centro Carter de EE.UU.

La dictadura aún tiene la posibilidad de dirigirse a las autoridades estadounidenses para solicitar la devolución del avión, lo que puede demorar el desguace.