El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar a la mujer del presidente del Gobierno el próximo 5 de julio. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, decretó el mismo día que abrió la causa que Gómez debía tener la condición de investigada, antes imputada, debido a los hechos que la relacionan con la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Las actividades profesionales de Begoña Gómez están en el ojo del huracán desde el pasado 27 de febrero, día en que THE OBJECTIVE destapó a toda plana el vínculo entre la trama Koldo y la empresa turística Globalia, rescatada por el Gobierno durante la pandemia. La polémica no ha dejado de crecer desde ese día y este diario ha liderado las informaciones exclusivas que acorralan a la mujer de Pedro Sánchez en los tribunales.

Los indicios que comprometen a Gómez son múltiples, pero casi todos están relacionados con sus dos principales actividades laborales durante el mandato de su marido: primero como directora del África Center del Instituto de Empresa y luego como codirectora de una cátedra de Transformación Digital en la Universidad Complutense. Se investigan, entre otros asuntos, cómo logró financiación para esos organismos, qué tipo de relaciones entabló con las empresas donantes, si estas recibieron algo a cambio por parte del Gobierno y, sobre todo, si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el amigo con el que más ha estado vinculada durante los últimos años.

Como ha ido contando profusamente THE OBJECTIVE, Barrabés ha obtenido un total de 18,2 millones de euros del Gobierno en los últimos años gracias a 53 contratos de hasta ocho ministerios. Y algunos de ellos son especialmente sospechosos, como el adjudicado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que derivó hace unos días en la irrupción de la Guardia Civil en esta institución para recabar pruebas del supuesto amaño del concurso. En otro contrato del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la empresa de Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida a pesar de haber presentado una oferta un 40% más cara que algunos de sus rivales. En el caso de Barrabés, se da la circunstancia de que Gómez llegó a firmarle dos cartas de recomendación para facilitar la obtención de contratos de la empresa pública Red.es.

En el caso de Globalia, Gómez deberá explicar ante los tribunales en calidad de qué y por qué motivo mantuvo reuniones con la cúpula de la compañía, incluso en su sede de Madrid, mientras esta negociaba su rescate por parte del Ejecutivo. Entre los años 2020 y 2022 esta empresa y sus filiales recibieron 1.100 millones de dinero público entre rescates, avales y subvenciones. Y se da la paradoja de que Globalia colaboraba en las actividades educativas que organizaba Gómez.

También deberá explicar la esposa del presidente cómo es posible que sea codirectora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin ser siquiera profesora en esa universidad, que es el requisito que exige el convenio firmado por los patrocinadores de ese curso. Y luego está la aplicación móvil que supuestamente ella pidió a varias empresas para que la donaran a la Complutense y que al final acabó registrando ella misma a su nombre.

África Center del IE

Los indicios que comprometen a la mujer de Pedro Sánchez comienzan cuando Begoña Gómez asumió la dirección del Africa Center, perteneciente al Instituto de Empresa (IE), un centro dedicado a la innovación en el continente africano. Gómez dirigió el organismo desde agosto de 2018 hasta junio de 2022. Durante ese periodo de tiempo, la Fundación del IE, de la que dependía directamente el Africa Center, aumentó sus ingresos un 33%. Desde un primer momento, llamó la atención el fichaje de Begoña Gómez al no contar en su curriculum con ninguna vinculación al estudio o trabajo de África.

Wakalua, filial de Globalia

Del tiempo en que Begoña Gómez dirigió el Africa Center, nació la relación que la institución mantuvo con una compañía filial de Globalia, Wakalua. La cooperación entre ambos comenzó en enero de 2020, cuando la filial firmó un patrocinio con el Africa Center por valor de 40.000 euros.

Este patrocinio empezó apenas tres meses después de que Begoña Gómez se reuniese en San Petersburgo con el CEO de Globalia -empresa matriz a la que pertenecen tanto la aerolínea Air Europa como Wakalua- y con Víctor de Aldama, exasesor de la aerolínea y uno de los cabecillas investigado en el caso Koldo.

Precisamente, este miércoles comparecerá en el Senado, Leticia Lauffer, la mujer a la que la familia Hidalgo confió la tarea de estrechar lazos con la mujer del presidente del Gobierno. Wakalua y Leticia Lauffer sirvieron al Grupo Globalia para acercarse al círculo más íntimo del presidente del Gobierno durante los años 2019 y 2020, justo cuando las empresas de la familia Hidalgo recibieron hasta 1.100 millones de euros en rescates, préstamos públicos y otras ayudas del Estado.

Finalmente, en 2023, Wakalua desaparecería, apenas un mes después de las elecciones generales y dos meses después de que Anticorrupción interviniese los teléfonos móviles de la trama Koldo. Se da la circunstancia de que en el lanzamiento de Wakalua participó el ideólogo de la cátedra dirigida por la esposa del presidente en la Universidad Complutense, Juan Carlos Barrabés. Éste fue recomendado en dos ocasiones por Begoña Gómez para que se llevara adjudicaciones de contratos por 7,7 millones de euros.

Pero la relación con Globalia no se quedó en el mero patrocinio de eventos del Africa Center. Fue más allá de la filial Wakalua y las negociaciones para el rescate y otros asuntos. La mujer de Sánchez hizo gestiones para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento, tal y como lo relató a este diario el exmarido de la propia Leticia Lauffer.

En medio de todo este entramado, también cabe recordar una reunión que Begoña Gómez mantuvo en Madrid con el secretario general de la Agencia de Turismo de la ONU, Zurab Pololikasvili, natural de Georgia, país del que era cónsul honorario Víctor de Aldama; con Begoña Gómez. Según publicó este periódico, Gómez ofreció al responsable de esta institución de la ONU una colaboración con el IE African Center, para el que había sido fichada meses antes como directora.

Rescate de Air Europa

Después de los citados contactos entre Begoña Gómez y el CEO de Globalia, el Gobierno concedió entre 2020 y 2021 a Air Europa, Globalia y Avoris, todas ellas empresas de la familia Hidalgo, ayudas, avales y créditos por importe de 1.100 millones de euros. En toda esa cantidad, destaca el rescate a la aerolínea, de 475 millones de euros. Fue la primera operación que aprobó el Gobierno y el que se validó en el menor tiempo, después de que crease el fondo para las empresas.

Air Europa solicitó el préstamo en septiembre y, a finales de octubre, se le concedió el mayor montante de recursos públicos que otorgaría esta herramienta a 30 empresas durante dos años. La aerolínea fue además la primera en recibir un rescate, incluso por delante de quienes pidieron antes el salvavidas público. Una autorización exprés que nunca se volvió a repetir en ninguno de los rescates posteriores y que se debió a la gran implicación personal del ministro Ábalos en el caso, según confirmaron a este diario fuentes relacionadas con estos rescates de la SEPI.

Por si fuera poco, el rescate podría haber vulnerado al menos dos de los primeros requisitos que el propio Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) impuso para aprobarlos: que se concediesen a empresas no financieras (es decir, productivas) y que no fuesen «empresas en crisis» para lo que se debían acreditar resultados de los últimos dos ejercicios de funcionamiento. El rescate se tramitó a través de Air Europa Holding, S.L.U, una sociedad financiera que se constituyó solo un año antes de la concesión del dinero público y que, al finalizar 2019, no tenía empleados ni ingresos.

Cátedra en la Complutense

Tras abandonar la dirección del Africa Center, la mujer de Pedro Sánchez emprendió un nuevo proyecto: la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. En 2019, la institución madrileña crea la cátedra de la que posteriormente Begoña Gómez será la codirectora, pese a que en un primer momento se presentó como directora, aunque las normas de la propia universidad se lo impidiesen.

Desde su posición como codirectora de la cátedra y su experiencia en el IE Africa Center, Begoña Gómez ha venido participando en numerosos eventos y actos como experta en estrategia para la transformación social, muchos de los cuales han estado financiados o pagados por el Gobierno. Al menos 11 ministerios han respaldado su promoción y sus actividades privadas desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018.

Además de ministerios, Begoña Gómez ha contado con el espaldarazo de empresas públicas. Este periódico sacó a la luz que Correos apoyó desde el primer momento el máster de Transformación Social Competitivo. En 2020 la compañía postal entonces presidida por Juan Manuel Serrano, amigo personal del líder del PSOE, adjudicó a dedo este curso formativo. Correos, en concreto, aprobó en noviembre de dicho año la contratación del máster, con un valor de 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta julio de 2021.

La cátedra en la Universidad que codirige fue ideada, según distintas fuentes, por el experto tecnológico Juan Carlos Barrabés. Un empresario que ayudó a Globalia a montar Wakalua, con el objetivo de promocionar a Begoña Gómez en 2019. Esta franquicia se ubicó en uno de los centros del consultor aragonés. Del contacto entre Barrabés y Begoña Gómez nacería la comisión de uno de los presuntos delitos por los que está siendo investigada: tráfico de influencias.

Carlos Barrabés

Las cartas de Begoña Gómez recomendando a una empresa de Barrabés, Innova Next, fueron firmadas en 2020. A partir de ese momento, los contratos a la compañía, con menos de cien trabajadores, aumentaron de forma importante y prácticamente nueve de cada diez se concedieron tras el aval de Gómez.

Begoña Gómez firmó al menos dos recomendaciones para ayudar a dos empresas privadas a conseguir una adjudicación del Gobierno en 2020, durante la pandemia. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a una Unión Temporal de Empresas (UTE), conformada por The Valley Digital Business School e Innova Next, la consultora de Barrabés; que presentó una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía y acabó consiguiendo el contrato.

La UTE, constituida por una pequeña y una mediana empresa, fue recomendada por Begoña Gómez, según adelantó El Confidencial. Superó, además de algunos de los requerimientos, varios recursos de sus competidoras. Destaca el pleito de la empresa gallega NT For Learning, con muchas opciones para obtener algunos de los lotes del contrato. El argumento de esta firma fueron los incumplimientos en los planes de igualdad en las empresas avaladas por Gómez. El resto de las aspirantes sí debieron acreditarlos.

La dura pugna de una veintena de compañías pendientes de lotes valorados en 20 millones se resolvió con el éxito de la UTE más pequeña. El aval de Gómez pudo ser transcendental, dado el poco peso de las compañías que apoyó frente a empresas líderes en el sector. El órgano de contratación fue la Dirección General de la Entidad Pública Estatal Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía.

18,2 millones gracias a 53 contratos del Gobierno

Aunque la gran mayoría se le concedieron a partir de 2020, el primer contrato que obtiene Barrabés con el Gobierno central data de 2015. Ministerios, entes independientes y organismos estatales dieron a Barrabés trabajos y servicios, sobre todo de consultoría tecnológica, por valor de 18,2 millones. También ha conseguido importantes encargos de administraciones autonómicas y locales. Con esta adjudicaciones habría obtenido algo más de 25 millones a través de 99 contratos.

Los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de la Plataforma de Contratación y las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil muestran la intensa actividad de las seis de las empresas de Barrabés.

Resulta clave Innova Next, la consultora tecnológica que se ha hecho con contratos de siete ministerios. Innova es la sociedad que recomendó Gómez de cara a obtener un contrato millonario de Red.es. La consultora iba de la mano de The Valley Business School -también avalada por la mujer del presidente- y la UTE se hizo con el contrato por décimas. Enfrente tuvo hasta 17 importantes rivales.

Contrato con el CSD

THE OBJECTIVE informó esta misma semana cómo un empresario denunció en 2022 por escrito ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), diversas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de 3,6 millones de euros que, finalmente, recayó en agosto de ese año en la empresa de Juan Carlos Barrabés, Innova Next.

Según el email enviado al organismo público antes de la resolución del concurso, y que obra en poder de THE OBJECTIVE, el denunciante incluso dio por hecho que el adjudicatario sería Barrabés. Este periódico pudo acceder a dicho mail justo la semana posterior a que la Guardia Civil registrase la sede del CSD buscando contratos fraudulentos, entre ellos el de 3,6 millones de euros concedido a Barrabés.

Y es que las sospechas que tenía este empresario parecían estar bien fundadas. En diversas actas del órgano de asistencia de esta licitación se señala que se incumplió el plazo de presentación de ofertas estipulado en la ley de contratación del sector público: el proceso se cerró a los 13 días, cuando la ley obliga a un mínimo de 15, por lo que se evitó que concurriesen más competidores.

El contrato en cuestión era para «un servicio de apoyo al CSD para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el organismo» durante dos años. En total se repartieron 5,2 millones de euros en dos lotes financiados con los fondos de recuperación Next Generation, y siendo uno de estos adjudicado para la empresa de Barrabés.

Wakalua y las empresas de Barrabés

También gracias a otra exclusiva de THE OBJECTIVE se conoció que los agentes de la Guardia Civil han hallado un vínculo que une a la filial de Globalia, Wakalua, y a nueve de las 10 empresas mercantiles de Barrabés: su sede social. En un informe de la UCO, los investigadores analizan una por una las empresas de Barrabés y recalcan que posee diez mercantiles con sede social en la calle Méndez Álvaro número 9 de Madrid, casualmente el mismo domicilio al que está vinculado Wakalua.

Los agentes de la UCO añaden que el objeto social de las diez empresas de Barrabés a la que hacen referencia es «asesoramiento, consultoría y evaluación y certificación tecnológica» y poseen el mismo domicilio que la filial de Globalia.

Vínculos con 11 ministerios

Los eventos y los negocios de Begoña Gómez han estado en todo momento patrocinados o han tenido apoyo público. Gracias a una investigación de THE OBJECTIVE se conoce que al menos 11 ministerios se ha involucrado en las actividades privadas la mujer del presidente del Gobierno desde que este llegó a La Moncloa en 2018 hasta la actualidad. Es decir, la mitad de los 22 departamentos en los que se ha dividido el Ejecutivo de coalición.

Los departamentos en cuestión son Industria, Agricultura, Economía, Transición Ecológica, Transportes, Derechos Sociales, Ciencia, Sanidad, Educación, Igualdad y Exteriores han respaldado distintos proyectos y foros liderados o en los que ha participado Begoña Gómez en los últimos años.

De entre los ministerios destaca el papel de Industria por varios motivos, pero entre ellos destaca la «orden dada por Moncloa» para contratar a Juan Carlos Barrabés con el fin de promocionar a la mujer del presidente del Gobierno. Una información que fue recogida en la edición del 15 de abril y en la que se dada cuenta de la relevancia de Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la ministra de entonces, Reyes Maroto.

Gran parte de estos indicios son los que han llevado al titular del Juzgado número 41 de Instrucción de Madrid a imputar a la mujer del presidente del Gobierno y a llamarla a declarar el próximo 5 de julio.

Miguel Rojas