Alberto Varela: “El gran problema del turismo hoy, se llama Ley de la Vivienda”

La vivienda turística lleva utilizándose de manera creciente en España desde hace aproximadamente una década. Sin embargo, su uso está suponiendo un gran foco de problemas en diferentes frentes y regiones, centrados sobre todo en su falta de regulación, en la gentrificación que produce y en la consecuente turismofobia. Cabe destacar que el número de viajeros que se hospedó en viviendas turísticas en España el pasado año aumentó un 40%, pese a ello los hoteles concentraron el 66% de los turistas que visitaron España.

En este sentido, Canarias es el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones; Baleares tiene la mayor ocupación, con el 83,2% de los apartamentos ofertados. Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino más elegido, con 750.223 pernoctaciones, y la Isla de Lanzarote presenta el mayor grado de ocupación, con un 87,1% de los apartamentos ofertados.

Hay un problema de competencia: "Las administraciones públicas son las culpables de haber creado una distorsión de esta exigiendo actividad y requisitos diferentes. Es incomprensible y, sin echar culpa a las plataformas, la administración lleva mirando hacia otro lado desde que empezó el fenómeno, sin ser capaces de entender el problema ni las irregularidades que existen". Desde la Confederación hotelera, consideran que el mercado está muy regulado, pero en este aspecto "no han tenido soluciones inteligentes y ahora es difícil de resolver".

Ejemplo: el impacto económico de los viajeros españoles en viviendas de uso turístico de Cataluña ascendió a 2.649,9 millones de euros en 2022. Además, cabe señalar que el 49,1% de los viajeros opta por pernoctar en una vivienda de uso turístico tras compararlo con otros tipos de alojamiento como hoteles o apartahoteles.

Existen cuatro niveles de administraciones que no han hecho nada frente a la problemática. "La Unión Europea no ha querido regular y ha terminado regulando ahora; las administraciones nacionales que tenían que abordar aspectos del derecho laboral, fiscalidad, transparencia y protección de consumidores no han hecho nada y ahora empiezan a pensar qué hacer; las administraciones autonómicas con competencias en Turismo tampoco han hecho nada; y por último, los ayuntamientos". Respecto a estos, aclara que algunos han regulado, "pero muy poco, insuficiente y de manera distinta".